La crisis ha aguado el plan del Gobierno y autonomías para acabar con la ingente lista de espera en las guarderías públicas españolas. El objetivo que se plantearon fue crear una plaza pública por cada tres niños entre 2008 y 2012. A un año y medio de completarse el plazo, solo 71.000 de las 300.000 previstas -un 23%- están en funcionamiento, según datos oficiales de 2010. Y el ritmo ahora solo puede ya ralentizarse. El Ejecutivo Central ha dado su bendición a las comunidades en este momento de asfixia económica para que rebajen su aportación, que era del 50%. La diferencia entre una plaza pública y una privada para esta etapa puede superar los 200 euros, según las estimaciones de las asociaciones de consumidores.
La primera etapa de educación infantil (de 0 a 3 años) no es obligatoria pero sí necesaria. La creación de una oferta suficiente que libera sobre todo a las madres trabajadoras y permite conciliar la vida familiar y laboral figura en todas las campañas electorales como propuesta estrella. El Plan Educa3 se puso en marcha tras una promesa electoral de Zapatero en 2007. A tres meses de la próxima campaña, el candidato socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, ex ministro de este Gobierno, retomó ayer esa promesa de construir más escuelas infantiles, aunque sin precisar cuántas. Mariano Rajoy, candidato del PP, ya ofreció 400.000 hace cuatro años.
Constanza Tobío, catedrática de Sociología de la Universidad Carlos III y experta en conciliación, reclama sensibilidad política más allá del periodo electoral. La crisis económica, explica, "provoca que las empresas pidan más flexibilidad y disponibilidad a los trabajadores; la demanda de plazas de escuelas infantiles seguirá creciendo". Cuando el Gobierno puso en marcha el Plan Educa3 detectó además que la falta de oferta regulada había hecho proliferar guarderías ilegales que escapaban al control de la Administración en al menos 10 autonomías. "Hablar de plazas públicas y de calidad en escuelas infantiles atrae el voto femenino y de parejas jóvenes, pero al final nunca se cumple", critica Pepa Alcrudo, maestra de educación infantil, pedagoga y portavoz de la Plataforma por la Educación Infantil 0-6 años. "Si interesara realmente a los dirigentes, ya dispondríamos de una ley para regular el modelo". Alcrudo tilda de "absoluto fracaso" la evolución del plan estatal, que reservaba 1.087 millones con un reparto anual de 100 millones anuales de las arcas del Estado. Las comunidades autónomas estaban obligadas a cofinanciar la mitad pero hay regiones que se han descolgado -como Canarias- y otras que no utilizan el presupuesto completo, como Galicia, Murcia o Comunidad Valenciana, según datos del Ministerio de Educación, que este año abrió la puerta a que las autonomías aporten lo que puedan en lugar del 50%, amparándose en las medidas de austeridad que han fijado las Administraciones y en el límite al endeudamiento.
Las plazas necesarias se fijaron en un informe encargado en 2006 por el Gobierno a la Universidad de Vic. El estudio cifraba la demanda insatisfecha en 351.593 plazas (incluidas País Vasco y Navarra) que el Gobierno redondeó a 300.000 y convirtió en promesa electoral en 2007. Casi todas las autonomías han cubierto hasta ahora menos de la mitad de lo previsto (ver gráfico), excepto Castilla La Mancha, Ceuta y Melilla. País Vasco y Navarra no están incluidas en el plan por su régimen foral, según el ministerio.
Educación espera mejorar el porcentaje con los datos de este año -aún por cerrar- y de 2012. "No podemos garantizar el cumplimiento total porque depende de las comunidades autónomas, pero creemos que quedará muy cerca de las 300.000 plazas", asegura la directora general de Evaluación y Cooperación Territorial, Rosa Peñalver, que destaca la evolución "desigual" por comunidades autónomas porque "no todas han querido participar con la misma intensidad". Algunas han sumado otros recortes presupuestarios a esta etapa educativa. A principios de agosto, por ejemplo, la Generalitat de Cataluña redujo un 11% la subvención de plazas públicas municipales, pasando de 1.800 a 1.600 euros por cada una tras amagar con un tijeretazo del 27%.
José Luis Pazos, miembro de la junta directiva de Ceapa (Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos), abre otro frente y reclama nuevas "políticas de familia" además del incremento de plazas escolares. Los padres piden "más tiempo par estar con sus hijos y eso solo es posible con una regulación que flexibilice el marco laboral", según el portavoz. "Se trata de que los trabajadores tengan mejor horario, no de que los niños pasen todo el día en la escuela infantil".
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